Llamativamente, el 50% del personal de la dependencia solicitó vacaciones y otros presentaron su renuncia. Es la respuesta que recibió el interventor tras exigir la normalización del servicio.
La intervención municipal en Ciudad del Este comenzó con un fuerte mensaje institucional… y con calles sumidas en el caos. La mañana del martes sorprendió a conductores, peatones y comerciantes: no había un solo agente de tránsito en la ruta internacional PY02, ni en las emblemáticas rotondas de Oasis, Reloj, en el kilómetro 3, ni en la PY07, zona del Área 1. Un escenario de tráfico desbordado y confusión general fue el telón de fondo para el primer día efectivo de gestión del interventor Ramón Ramírez.
Lo que Ramírez constató de inmediato fue la virtual paralización del cuerpo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Aunque nadie lo admitió abiertamente al comienzo, la ausencia masiva de personal fue evidente. La explicación oficial no tardó en llegar: cerca del 50% de los agentes solicitó vacaciones y al menos 14 renunciaron en los días previos, tras conocerse la resolución del Poder Ejecutivo que dispuso la intervención.
Frente a esta emergencia operativa, el interventor mantuvo una reunión con el director de Tránsito, William Florentín. En un encuentro cargado de tensión, ambos coincidieron en la gravedad de la situación. “Estuvimos coordinando algunos trabajos y conversando sobre cómo evitar que esto vuelva a ocurrir”, señaló Ramírez.
NEGÓ BOICOT. Florentín negó tajantemente que se trate de una medida de presión o boicot institucional. “No estamos de brazos caídos. Actualmente contamos con 25 agentes por turno, pero muchos están con licencia, otros con reposo médico y algunos renunciaron. Estamos cubriendo únicamente el microcentro. Las rutas nacionales no son nuestra competencia, deberían ser atendidas por la Patrulla Caminera”, afirmó.
Según el director, la PMT asumió durante años responsabilidades que correspondían a la Patrulla Caminera, como el control en las rutas PY02 y PY07. Hoy, debido a la escasez de personal, decidieron limitar su accionar a las calles internas bajo jurisdicción municipal. “El Gobierno Nacional también debe hacerse cargo. Esta intervención es decisión del Poder Ejecutivo, y debe reforzar aquellas zonas que escapan a nuestra responsabilidad”, subrayó.
Ante la falta de respuesta inmediata de otras instituciones, Ramírez recurrió a la Policía Nacional para contener el caos. Agentes policiales dirigieron el tránsito sobre la PY02.
¿VACÍO? La ausencia en las calles no fue la única que marcó el inicio de la gestión de Ramírez. En la Junta Municipal también se le cerraron simbólicamente las puertas. Había sido invitado formalmente por el presidente del legislativo local, Sebastián Martínez, a participar de la sesión ordinaria del martes. El interventor llegó puntualmente a las 09:00, pero veinte minutos después optó por retirarse, al notar que no se inició la sesión ordinaria del cuerpo colegiado.
Ramírez aguardó ser atendido por el presidente, pero los funcionarios de recepción le informaron que “estaba ocupado”, pese a encontrarse en su despacho. El único concejal que lo saludó fue Ernesto Guerín, del Partido Colorado. Para muchos, el gesto fue interpretado como un claro desaire institucional. “No tengo tiempo. Tengo mucho trabajo por hacer. La ciudad no puede esperar. Me invitaron y vine por respeto”, expresó Ramírez al retirarse.
Consultado al respecto, el presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, negó que hayan querido dejar plantado al interventor. Alegó que la sesión estaba convocada para las 09:30 y que Ramírez llegó con demasiada antelación. “Cuando él vino, estábamos en una reunión en la Presidencia del Legislativo”, explicó al adelantar que volverán a invitarlo formalmente.
“Habíamos acordado para las nueve y media. La invitación fue verbal, aunque creo que quedó grabada incluso en videos. Él se retiró antes del horario previsto. No sabemos por qué, ya que oficialmente la sesión no había comenzado aún. Vamos a hablar con él para volver a convocarlo y que pueda presentarse ante la Junta”, agregó Martínez.
En cuanto a la postura del cuerpo legislativo sobre la intervención, insistió en que la Junta tiene una función independiente dentro del proceso.
“Somos contralores. No se trata de cómo nos sentimos, sino de cumplir nuestra tarea con responsabilidad. Ese es el mandato que nos dio la ciudadanía, y es lo que debemos honrar”, finalizó.
Fuente: ÚH