Una docente oriunda de Choré ya no encontró motivos para vivir, agobiada por los descuentos compulsivos. Luego de trabajar por casi 40 años, solo percibía G. 500.000, debido a embargos que le saltaron, pese a no tener deudas. En otro caso, una directora de un colegio en Asunción busca comida en la basura porque solo le quedan G. 300 mensual. “El daño es total”, lamentan.
El calvario de la mafia de los pagarés dejó la octava víctima que decidió autoeliminarse ante la desesperación por los embargos constantes, de causas que ni entiende de qué son.
Una docente jubilada de la ciudad de Choré decidió acabar con su vida. Era una persona enferma, quien tuvo ya un ACV (accidente cerebrovascular) y luego de 35 años de aporte, solo cobraba G. 500.000, a raíz de todos los embargos que sufría y que ni entendía por qué.
Sus dos hijas la ayudaban con los gastos; una de ellas es empleada doméstica.
En el IPS tampoco encontraba todos los medicamentos que necesitaba a raíz de sus complicaciones de salud.
“Ella decía: ‘Me sacrifiqué toda mi vida, no tengo para meter un pan en mi boca. No me queda ni para pagar la luz, ¿para qué quiero seguir viviendo?’”, contó Norma Medina, otra docente.
Dejó una nota dedicada a sus hijas: “Mi mamá se suicidó porque ya no aguantaba más”, dijo una de ellas.
Tres jubiladas más amenazan con la autoeliminación
Ella fue la octava de un grupo de mujeres jubiladas que decidieron tomar esa determinación. Lo grave es que hay otras tres docentes más que amenazan también con hacerlo.
“La impotencia que sentimos nosotros los jubilados es grande. Siguen tocando sin medida nuestros haberes jubilatorios. Nada no tenemos”, lamentó Medina.
Contó que hay quienes tienen 16 o hasta 22 embargos, y que nadie sabe de dónde sale, ya que no se encuentran los expedientes.
“Estamos desprotegidos, no tenemos derecho. Se está robando asquerosamente lo que nos corresponde por ley. ¿Por qué no suspenden los embargos hasta que se aclare y se vea caso por caso”, se preguntó.
“El daño es total”
Diana Vargas, directora de la Comisión de la Mafia de los Pagarés en el Senado, explicó el alcance de estos esquemas.
“El daño que generan en las familias, el dolor, la desintegración. La mafia de pagarés causa muchos sufrimientos, causa separaciones, causa hambre”, lamentó.
La comisión continúa recibiendo personas de distintas zonas del país, que llegan buscando ayuda. “Muchas con cáncer, con otras enfermedades catastróficas, quienes sufrieron ACV”, contó.
¿Qué se evidencia? Personas muy deterioradas en su salud y en sus relaciones familiares.
La directora de un colegio de Asunción, por ejemplo, contó que ahora busca comida en la basura, en la zona de los supermercados. Su hija le reclama que no quiere pagar sus estudios, pero no sabe que cobra solo G. 300.
Ley en pausa
Vargas recordó que hay un proyecto de ley ya aprobado por el Senado, de manera unánime que menciona que ante la no localización de un expediente, entretanto se reconstituya el archivo, se podrán suspender los embargos.
El proyecto pasó a Diputados, pero desde la Corte presentaron otro proyecto, reduciendo el alcance del ahora aprobado. Y ahí quedó en la Cámara Baja, pendiente de su tratamiento.
Mientras, las víctimas deben esperar. Tampoco pueden plantear una defensa, porque no existe el expediente.
Abogada quería permiso para viajar a la playa de Colombia
Mientras las víctimas continúan padeciendo los incesantes embargos, hay procesados que están intentando vacacionar.
Tal fue el caso de la abogada Diana Molinas, imputada por el caso de la mafia de los pagarés, quien pidió autorización al juez Rodrigo Estigarribia para viajar este octubre a Colombia, a las playas de la isla San Andrés.
Sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud porque no era un hecho urgente.
A Diana Molinas se le sindica de haber operado con el Juzgado de La Encarnación y está imputada por varios en perjuicio de las víctimas.
Fuente: ÚH