De 1.056 miembros, el 52% cumple con los requisitos para acceder a la jubilación, lo que, si hacen masivamente, traería una crisis en el Poder Judicial. También la mitad de los defensores.
La mitad de todos los jueces del país ya cumplen con todos los requisitos para acogerse a la jubilación, según señalaron los gremios de magistrados, tras la conferencia de prensa que dieron luego de la media sanción, en tiempo récord, del proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal.
En total, en toda la República, son 1.056 magistrados, entre jueces de Paz, de primera instancia y camaristas. De ellos, 556 ya cumplen los requisitos para la jubilación actual, de 24 años de aporte y 50 años de edad.
De estos, 180 ya tienen las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas para la jubilación, con lo que solo falta que presenten sus renuncias para poder acogerse a este beneficio con el decreto ley que les rige actualmente.
Los magistrados habían señalado que otros 200 también iban a requerir las resoluciones de jubilación, con lo que una masiva renuncia, por temor a que les afecte la reforma, podría poner en crisis el Poder Judicial.
ELECCIÓN. Esto, porque el proceso para seleccionar un magistrado en el Consejo de la Magistratura tiene un promedio de dos años y sus números lo demuestran. Hay 205 ternas de magistrados pendientes del año 2024, de los cuales, 152 son por fenecimientos de mandatos y 53 son cargos creados que deben llenarse.
Asimismo, del año 2025, hay 204 ternas pendientes a ser llenadas. De ellas, 28 son de cargos creados, 97 por cargos vacantes y 79 por fenecimiento de mandato, los cuales luego deben pasar por la Corte Suprema de Justicia.
Con ello, en total, entre el 2024 y el 2025, serían 409 ternas que deben llenarse, a los que se suman los cargos que ahora quedan vacantes por las renuncias.
DEFENSORES. Por el lado del Ministerio de la Defensa Pública, la cuestión es parecida. Son en total unos 400 defensores públicos a nivel país. De ellos, según los datos de los gremios, 222 ya cumplen con los requisitos para poder jubilarse.
De estos, 20 ya tienen sus resoluciones de jubilación en mano, por lo que depende exclusivamente de los mismos que presenten su renuncia y se acojan al beneficio de la jubilación.
El dato que aún les falta procesar es el número de fiscales que estarían en la misma condición. Son unos 400 agentes, de los cuales, varios de ellos también cumplen con las condiciones para la jubilación.
En caso de darse en forma masiva, traería una recarga de trabajo en el Poder Judicial, ya que los cargos deben ser llenados, por lo que los jueces que queden deberán interinar los cargos vacantes sin perjuicio de sus funciones.
- 556 magistrados ya reúnen las condiciones para jubilarse. De ellos, 180 ya tienen resoluciones para hacerlo.
- 222 defensores públicos ya están en condiciones para la jubilación. De ellos, 20 ya tienen sus resoluciones.
- 409 cargos de jueces tienen ternas pendientes de los años 2024 y 2025, según el Consejo de la Magistratura.
Gremios alertan sobre probable renuncia masiva
Los principales gremios judiciales alertaron de la probable renuncia masiva de sus miembros y presentaron propuestas para la modificación de la ley de reforma de la Caja Fiscal, que el jueves fue aprobada por la Cámara de Diputados y el martes será tratada en el Senado.
Adjuntaron el estudio, análisis, tratamiento e inclusión de la propuesta de modificación y otro documento elaborado por la Asociación de Defensores Públicos.
Las mismas fueron adjuntadas a la nota presentada ante el titular del Senado, Basilio Núñez, por la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay (AMJP), la Asociación de Jueces del Paraguay (AJP), la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay (AAFP) y la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay (ADEPPY).
Solicitan el estudio, análisis, tratamiento e inclusión de forma urgente de la propuesta de modificación de la Ley de Reforma de la Caja Fiscal, que ya tiene media sanción.
Esto, según dicen, es por la necesidad de abrir un espacio de análisis profundo y técnico de una iniciativa legislativa que impacta de manera directa y significativa en los derechos previsionales, la estabilidad económica y la independencia funcional de los operadores de Justicia.
Remarcan que una reforma de esta naturaleza requiere un debate sereno, informado y consensuado, con la participación activa de los sectores involucrados.
Fuente: ÚH