La Junta Municipal de San Ignacio rechazó por mayoría la ejecución presupuestaria 2019 de Carlos Afara (ANR) por supuestas irregularidades. También solicitan a la Cámara de Diputados intervención de la administración municipal.
Ciudadanos locales ya habían denunciado que Afara pidió a la Junta aprobar un crédito de G. 2.164 millones para sueldos, dietas y gastos de representación a concejales, honorarios, pensiones, seguro médico y jornales. Aunque lo aprobado fue G. 1.250 millones, sostienen que se violó el Art. 197 de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal que prohibe usar fondos de esta manera.
Antonio Aquino, del Comité del PLRA, denunció sobrecostos en la construcción de cinco casetas, cada una por G. 38 millones, cuando que el costo estimado de cada una de es G. 12 millones.
Aquino también se refirió de la existencias de supuestas anomalías en el uso de los recursos de Fonacide y en las transferencias a la Contribución Especial de Erssan. En lo que respecta al cuadro de ingresos y gastos existe una descompensación elevada ya que arroja un resultado negativo de G. 855.889.018. Por otra parte, la deuda flotante es de G. 478.318.404.
Afara, hermano del senador Juan Afara (Añetete), dijo que el rechazo a su ejecución no es por faltante sino por un “pequeño desorden administrativo”. Reconoció que no pagó impuesto a Catastro, Hacienda y a la Gobernación para pagar salarios y aguinaldos. Sobre el pedido de intervención, dijo que eso ya se trata de cuestiones políticas. Insistió que no hay malversación.
Fuente de texto; ABC COLOR