La Cámara de Diputados aprobó en general este miércoles, en sesión ordinaria, el proyecto de ley que modifica la normativa que regula el financiamiento político. El documento busca evitar el uso de dinero «sucio» en las internas partidarias y trasparentar los aportes para las campañas electorales.
El diputado colorado Bernardo Villalba sugirió aprobar el documento en general y aprobar en particular en unos 30 días. Alegó que algunos puntos tienen irregularidades y esto podría desalentar los aportes lícitos a campañas. No obstante, los diputados Jorge Ávalos Mariño y Amado Florentín propusieron que el tema sea tratado en ocho días, lo que finalmente prosperó.
Tras un amplio debate, los parlamentarios votaron a favor de aprobar el proyecto en general y postergar el estudio particular por una semana.
Los proyectistas son Amado Florentín, Jorge Ávalos Mariño y Sergio Rojas. Uno de los aspectos más resaltantes de este proyecto es la prohibición de recibir aportes de personas condenadas por hechos ilícitos y narcotráfico. La normativa busca transparentar las donaciones a las campañas.
El objetivo principal del proyecto es evitar que el dinero proveniente del narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y otros financien la campaña electoral de un candidato, movimiento o partido político. Para el efecto, el documento faculta al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) a coordinar el control con la Subsecretaría de Estado de Tributación.
La Comisión de Asuntos Constitucionales realizó modificaciones al proyecto original y sugirió aprobar el documento. Uno de esos cambios tiene que ver con el monto de contribuciones o donaciones que pueden recibir. En ese sentido, de 5.000 jornales mínimos aumentaron a 7.000 jornales por cada aportante.
Asimismo, establece que los movimientos internos partidarios deberán llevar un registro de los ingresos y gastos de financiamiento, organización, capacitación, formación, investigación y publicidad realizados por los mismos.
En otro párrafo plantea que los registros se rendirán a los tribunales electorales partidarios y serán presentados con un informe detallado de las contribuciones o donaciones recibidas para el financiamiento de las campañas, con indicación de su origen y monto, cuyos formatos serán reglamentados por el TSJE.
La pena es que el candidato que no realice su rendición de cuentas no podrá ser candidato en las presidenciales. Así mismo, los aportes deberán ser comprobados con recibos. Los aportes superiores a 10 salarios mínimos deben ser en cheques o transferencias bancarias nominadas.
Fuente: Última Hora