Carlos Afara, intendente de San Ignacio, con rendición de cuenta rechazada por la Junta, en una entrevista con el periodista Marcial Vázquez, dijo que en su administración solo hay algunas »desprolijidades» y arremetió contra la prensa, dijo que hay comunicadores que le extorsiona, pero, no volvió a explicar del porqué la caseta que construyó tuvo un costo sideral.
El cuestionado intendente, recibió en su despacho al comunicador social ignaciano Marcial Vázquez, a quien le expresó que su su administración solo tiene algunas »desprolijidades» y que dentro del plazo de los 30 días fijada por Ley, va a presentar todos los documentos respaldatorios a la Junta Municipal para de vuelta el pleno analice su descargo. Es que la semana pasada, con 6 votos la Junta rechazó su rendición de cuenta.
Expresó no estar preocupado, que no hay ningún robo dentro de su administración.
Aunque trató de llevar siempre la conversación hacia el lado político culpando a referentes del Partido Liberal del rechazo de su ejecución, lo que no tuvo en cuenta es que dos concejales de los seis que rechazaron, son colorados.
Tampoco pudo explicar el monto de las denominadas »casetas de oro», sobre el punto, cuestionó al Abg. Antonio Aquino, presidente del Comité Liberal local, dijo que Aquino es abogado, no arquitecto. En ningún momento habló de solicitar un informe a la empresa contratista que construyó las casetas a través de una licitación directa, según el portal de la DNCP, para informarle a la ciudadanía sobre el hecho que reúne todos los presupuestos de un exceso de sobrefacturación, lo que términos penales, significaría lesión de confianza y estafa.
No es la primera vez que la ejecución presupuestaria de Afara sea rechazada, la Junta Municipal ya había rechazado por mayoría absoluta el presupuesto del ejercicio fiscal del 2017 ( 9 a 3 ) por falta de documentos respaldatorios de varias obras de la administración de Afara, los documentos fueron enviados a la Contraloría General de la República. Se hizo en aquella oportunidad una auditoria y efectivamente, la Contraloría detectó las irregularidades, pero, el Ministerio Público jamás inició una investigación penal.